Cruzar el charco

Como es sabido, las migraciones se originan principalmente por razones económicas, y en ocasiones por razones politicas. De los movimientos migratorios los paises obtienen beneficios en terminos netos, de eso no se puede dudar. Varios han sido los movimientos migratorios entre Europa y América Latina en los ultimos siglos, con ciclos desde y hacia los respectivos continentes. Hoy nos encontramos en un ciclo migratorio europeo hacia America Latina. En efecto, en un mundo en crisis, America Latina es un continente ajeno a ella, con un crecimiento economico interesante, que atrae la migración de todos lados. En particular en la región se destaca Chile, con tasas de crecimiento por sobre el 5%, con un nivel de desempleo bajo el 7% (casi estructural), una democracia estable y que demanda mano de obra especializada para sostener ese crecimiento.

Chile, además por razones demográficas, está demandando empleo. Necesita médicos, enfermeras, personal paramédico, tecnicos en minería, en agricultura, especialistas en construcción, en medio ambiente, entre otros. Y también demanda servicios, como son los de gastronomía, atención de ancianos y hotelería rural. Iniciar una empresa en Chile es relativamente fácil, en un par de semanas se obtienen los permisos necesarios, las leyes son claras, y la corrupción es baja.

Por eso, en estos tiempos dificiles y escasos de empleo en Europa y España, ¿porqué no pensar en cruzar el charco? Algunos de vuestros antepasados lo hicieron, en condiciones mucho más duras que las actuales, cuando la distancia implicaba dejar atrás a la familia.

En lo que va del año 2012 más de 9.000 españoles han emigrado a Chile y estamos dispuestos a recibir a más. Los chilenos somos de por sí acogedores, es un pais de emigrantes. Y a quienes hoy enfentan el drama del paro, os invitamos a que penseis seriamente en cruzar el charco.— Claudio Reyes.

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Banca recapitalizada

El sistema bancario español es mayoritariamente solvente. Esa es la conclusión alcanzada tras la revisión de la calidad de los activos bancarios en un ejercicio de resistencia que toma en consideración un crecimiento económico muy inferior al previsible. Las exigencias de recapitalización de aquellas entidades que lo precisan podrán satisfacerse con la disposición de los fondos concedidos por las instituciones europeas. El alejamiento de toda sospecha de insolvencia en el sistema bancario es una de las condiciones necesarias para sentar las bases de la superación de la crisis económica española. No es la única. La inestabilidad de los mercados de deuda pública todavía amenazante conforma, junto al desplome de la demanda, ese trípode que alimenta el circulo vicioso en el que esta inmersa la economía.

La evaluación de los activos dañados y las consiguientes necesidades concretas de recapitalización de las 14 entidades bancarias es el paso previo para la asignación de los fondos disponibles en la línea de crédito, de hasta 100.000 millones de euros, que Europa puso a disposición de las autoridades españolas como una vía de rescate específico para el sistema bancario. De completarse correctamente el proceso, se habrá conseguido alejar una seria amenaza a la recuperación de la economía.

Con los datos ahora desvelados por la empresa a la que se le encomendó la evaluación, la cantidad necesaria es de 53.745 millones (59.300 millones, antes de considerar operaciones de fusión en marcha o créditos fiscales recuperables). Siete grupos bancarios, que representan más del 62% de la cartera crediticia analizada del sistema bancario español, no tienen necesidades adicionales de capital, ni asumiendo el más extremo de los escenarios que se han simulado. Las inyecciones de dinero público serán inferiores a esa cantidad. Las entidades que necesitan capital adicional tendrán que presentar un plan de venta de activos que determine, finalmente, si tras el mismo es necesario el apoyo financiero público. En ese caso, el Estado aportaría bonos convertibles en acciones. Al existir entidades con exceso de capital eso podría abrir una nueva ronda de fusiones o adquisiciones, con los más necesitados.

A partir de aquí, no conviene que las autoridades españolas aquilaten en exceso la disposición de la línea de crédito. Está en lo cierto la troika al considerar que mejor no transmitir ninguna duda en los mercados financieros sobre la suficiencia de los recursos para asegurar la solvencia completa.

Esas cantidades finalmente dispuestas engrosarán por el momento el stock de deuda pública. Su transferencia directa a los balances de los bancos tendrá que esperar, a tenor de las resistencias observadas recientemente en algunos gobiernos europeos. Siendo muy importante, esa acumulación de deuda pública, no debería reducir en exceso la disposición de la línea de crédito europea. Con todo, el éxito de esta recapitalización excepcional se apreciará si, en primer lugar, los bancos dejan de ser el centro de la aversión al riesgo como las sufridas en los mercados de acciones y de crédito en los últimos meses. Junto a la apertura de los mercados mayoristas, el otro exponente no es otro que la normalización de la inversión crediticia: el abandono de la senda contractiva en la que está instalado el crédito desde hace años.

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No hablamos de lo mismo

Esta larga crisis que estamos sufriendo y sobre todo su explicación, crea confusión a la ciudadanía pues se utilizan mismas frases para decir cosas muy diferentes. Una de estas frases es la de: “nada será ya como antes”. El significado que dicho pronunciamiento tiene cuando es formulado por aquellos que han provocado la crisis o por los que la gestionan desde el poder, es, sobre todo, de advertencia amenazadora a la mayoría de la ciudadanía, diciendo: habrá que acostumbrarse a ser más pobres, a prescindir de una educación y sanidad de calidad y universal, a ser un país donde el talento, la investigación, el desarrollo industrial de futuro, deben ser aparcados y dedicarnos a ser el geriátrico, el casino o el prostíbulo de Europa, y en esas están.

No obstante, somos muchos los que concebimos de otra manera el “nada será como antes”: a partir de ahora los políticos trabajarán con espíritu de servicio y mente abierta, pensando a medio y largo plazo, por lo tanto, la educación, la investigación y la sanidad serán elementos fundamentales de ese futuro. Además, la sostenibilidad fiscal, tan necesaria para un desarrollo próspero y justo, se hará persiguiendo el importante fraude que existe, se gravarán las grandes fortunas y patrimonios de manera progresiva, se eliminarán las SICAV y sobre todo, la amnistía fiscal nunca volverá a materializarse. Se eliminará cualquier tipo de privilegio como el que está ocurriendo en la actualidad con la Iglesia Católica, o el que se vislumbra con Eurovegas.Es evidente que “nada debería ser ya como antes” si queremos salir de la crisis fortalecidos como país y como personas.— Horacio Torvisco. Alcobendas, Madrid.

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El Roto

Viñeta de El Roto del 30 de septiembre de 2012

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¿Armas o cooperación?

Muchas personas no se habrán dado cuenta de que la cooperación española corre hoy igual o peor suerte que las demás políticas sociales, porque son tantas las noticias de recortes que cuesta llevar la cuenta. Pero la realidad es que el Gobierno de Rajoy está desmantelando 32 años de solidaridad de los españoles con las personas más pobres y vulnerables del mundo, y para justificarlo presenta el argumento, aparentemente irrefutable, de que no hay dinero. España ya cooperaba cuando nuestra renta era la mitad de la actual, desde ese espíritu de solidaridad nacido de un país que era considerado “país en desarrollo” hasta 1981.

La realidad es que la semana pasada el Gobierno aprobó una ampliación de 1.800 millones del presupuesto para el Ministerio de Defensa con el objetivo de adquirir un avión, un par de helicópteros, un carro de combate y armamento vario como obuses y misiles. Según el ministro Morenés, esta compra favorece “la creación de riqueza y seguridad”. Riqueza y seguridad ¿para quién?

1.800 millones de euros es más de lo que se ha recortado en cooperación y ayuda humanitaria en España en estos dos últimos años. Que no nos llamen a engaño. Dinero hay, pero sólo para lo que se quiere. La cooperación internacional está en peligro de extinción, y con ello millones de personas se verán abocadas al hambre y la pobreza, pero por lo visto, hay cosas más importantes o necesarias o justas como favorecer a la industria de la producción de armas. O quizá es que las personas en el Sur también han estado viviendo por encima de sus posibilidades.— Jaime Atienza Azcona. Director de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam.

 

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Peridis

Viñeta de Peridis del 30 de septiembre de 2012

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En defensa del federalismo

La multitudinaria manifestación en Barcelona bajo el lema “Cataluña, un nuevo Estado en Europa”, y la convocatoria de elecciones en clave soberanista por parte de Artur Mas, han generado un nuevo escenario político donde se plantea abiertamente la posibilidad de que Cataluña deje de formar parte de España. Los que creemos que tal opción supondría una catástrofe en términos políticos, económicos y de cohesión social, tanto para Cataluña como para España —que no puede concebirse como tal sin aquélla— debemos hacer un gran esfuerzo por evitar un choque de trenes. Esto exige huir de las grandes declaraciones, y proponer fórmulas de entendimiento que permitan evitar la ruptura. Y reconocer, igualmente, que el encaje de Cataluña en España es un problema estructural, de naturaleza constitucional, y como tal debe ser afrontado de manera racional, con voluntad política de alcanzar acuerdos por ambas partes, susceptibles de ser traducidos jurídicamente en una cada vez más imprescindible reforma de la Constitución de 1978.

Para afrontar este enorme desafío, la teoría y la práctica del federalismo como técnica de distribución del poder y de integración política resulta fundamental. España, como Europa, será federal o no será. El principal problema que plantea la apertura de un debate sobre el federalismo es que no siempre se entiende de la misma manera. Baste recordar que si en el contexto revolucionario francés, federalismo era un término que se vinculaba a la disgregación y a la destrucción de la unidad nacional, en Estados Unidos, el federalismo se concebía como una técnica de integración y centralización frente a las tesis confederales. Lamentablemente, en nuestro último proceso constituyente prevaleció una visión negativa, similar a la francesa, y por ello se rechazó expresamente. Como alternativa se sentaron las bases de un Estado Autonómico, sin que en el texto constitucional se adoptaran las decisiones básicas relativas a qué entes conformarían ese Estado, y más importante, cuál sería el reparto de competencias entre ellos y los poderes centrales, ni tampoco, obviamente, cuál sería su sistema de financiación. Desde una perspectiva jurídica el modelo adolece, por su apertura indefinida, de falta de rigor y de estabilidad. Desde una perspectiva política, el panorama actual demuestra que no ha servido para satisfacer las demandas de un significativo número de ciudadanos de Cataluña.

En este contexto, ha llegado la hora de reemplazar el modelo autonómico por uno auténticamente federal. Y aunque es cierto que existen diversas modalidades de federalismo, no lo es menos que todas tienen unos elementos comunes. Todo Estado Federal se sustenta en una determinada cultura política, la del pacto y el entendimiento que da lugar a la lealtad federal y en una Constitución federal. La Constitución federal establece quiénes son los Estados miembros y que competencias tienen; atribuye a un órgano independiente la facultad de resolver, conforme a criterios jurídicos y no de oportunidad, las controversias entre los Estados miembros y la Federación; y define también con claridad el sistema de financiación de los Estados miembros y de la Federación.

La apertura de un debate político sobre la reforma de la Constitución en clave federal debiera dejar de lado sentimientos y agravios, y centrarse en buscar las mejores respuestas a los interrogantes mencionados. Y ello, teniendo presente los dos objetivos básicos del federalismo: lograr un funcionamiento más eficaz del Estado y una mejor prestación de los servicios al ciudadano; y fortalecer la integración política al garantizar la diversidad y el autogobierno de los Estados miembros. Esto requiere, en primer lugar, determinar cuántos Estados deberían componer el Estado Federal español partiendo de que 17, seguramente, son demasiados. Exigiría, a continuación, analizar qué competencias debe ejercer el poder central y cuáles los Estados miembros, con objeto de atribuir la competencia a quien pueda ejercerla de forma más eficaz y a menor coste. Y ello sin olvidar que muchas competencias han sido cedidas, y otras deberán serlo en el futuro, a las instituciones europeas. Y por último, implicaría alcanzar un acuerdo sobre el mecanismo de financiación que, basado en el inexcusable principio de solidaridad, podría incluir el principio de ordinalidad tal y como lo entiende el Tribunal Constitucional alemán para evitar que tras las transferencias de nivelación, los Estados de mayores ingresos pierdan posiciones en lo que se refiere a capacidad de gasto.

El reto de quienes defendemos el mantenimiento de la unidad del Estado es ofrecer a los ciudadanos de Cataluña, un proyecto ilusionante de encaje en nuestro Estado Constitucional. Con una Constitución federal, Cataluña podría contar con estructuras de Estado, las propias de un Estado miembro, y podría mejorar su financiación. Ahora bien, el pacto federal supondría el abandono de objetivos independentistas y veleidades secesionistas. El pacto federal, que tendría que ser refrendado por el pueblo español en el referéndum preceptivo que el artículo 168 exige para la reforma constitucional, contribuiría además a insuflar savia viva en la Constitución. La reforma de la Constitución en clave federal debería aprovecharse también para adaptarla al estadio actual de la integración europea cuyo horizonte último es igualmente federal.

Javier Tajadura Tejada es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

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