El convocante del 25-S: “El silencio es la mejor forma de defenderme”

R. O. G. es el ciudadano que la semana pasada decidió informar a la Delegación del Gobierno en Madrid de la protesta llevada a cabo el pasado martes, 25-S. Rodea el Congreso. La delegada, Cristina Cifuentes, anunció ayer que sería sancionado y que se le pedirían “responsabilidades económicas” por los daños causados durante los altercados. R. O. G. no quiere pronunciarse sobre lo sucedido. “Mi estrategia es el silencio, es la mejor forma de defenderme ahora mismo”, dice escuetamente.

La historia no es nueva. El pasado mes de mayo otro ciudadano, Roberto Monjo decidió -en contraposición con la decisión de muchos indignados de no comunicar por las vías oficiales de sus intenciones de manifestarse- informar a las instituciones de la manifestación convocada para celebrar el primer aniversario del 15-M. La diferencia es que entonces la marcha discurrió sin incidentes. Y esta vez no.

Al igual que Monjo, este ciudadano participa en la asamblea virtual, un foro online de indignados, de donde partió de nuevo la propuesta de informar a Delegación de la manifestación para evitar daños mayores. “Necesitábamos un voluntario por la causa por intentar agotar las vías legales, y él se presentó”, comenta Monjo. La buena intención se ha vuelto sin embargo en su contra.

El mismo día 25 por la mañana, viendo la difusión que adquiría el permiso por él solicitado (que fue difundido por la Coordinadora 25-S, que siempre se desentendió de su solicitud), R. O. G. mandó un escrito a la Delegación de Gobierno intentando eximirse de responsabilidades y solicitando que se le releven de todo deber de mantenimiento del orden y de seguridad” para ese día.

Según sus explicaciones, no podía asumir toda la responsabilidad de una convocatoria a la que había convocado a sus “amigos” y cuya difusión -“ajena” a su voluntad – ha terminado “atrayendo a una multitud que excede con mucho” sus posibilidades, siendo imposible “que con los medios con los que contamos podamos controlar a la multitud”. Cuando habla en plural, R. O. G. se refiere a la asamblea virtual, en la que hay suscritas 2.000 personas, aunque son muchas menos las que participan activamente.

Desde la Delegación de Gobierno le respondieron ese mismo día recordándole que, “en base a los artículos 4 y 9 de la Ley Orgánica 9/83, reguladora del Derecho de Reunión”, pueden pedirle responsabilidades. “Subsidiariamente, las personas (…) organizadoras o promotoras de reuniones o manifestaciones responderán de los daños que los participantes causen a terceros, sin perjuicio de que puedan repetir contra aquéllos, a menos que hayan puesto todos los medios razonables a su alcance para evitarlos”, dice en concreto la norma.

La delegada Cristina Cifuentes ha adelantado su intención de iniciar un expediente sancionador contra él pidiéndole responsabilidades económicas por los destrozos y los gastos originados. Ana Botella ha cifrado hoy los gastos solo en limpieza en 1.876.000 euros.

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