La policía acusa a parte de los detenidos de actuar contra altos organismos

Solo un pequeño grupo de los 35 detenidos el pasado martes en la manifestación con el lema 25-S Rodea el Congreso tendrá que declarar en la Audiencia Nacional. Interior no ha concretado el número, pero son entre cinco y diez de los arrestados. Se trata de aquellos que intentaron saltar la valla con la que la policía había rodeado la Cámara, a los que, según fuentes de Interior, la policía imputa un presunto delito contra las instituciones del Estado para el que es competente ese tribunal. El resto pasarán esta misma tarde a disposición del juzgado de Instrucción que esté de guardia en la sede de plaza de Castilla, en Madrid.

El Ministerio del Interior, no ha informado hasta el momento a ningún juzgado –ni de la Audiencia Nacional ni de Madrid- sobre el destino de los detenidos, cuando lo normal, según fuentes judiciales, es que lo haga como muy tarde a las 24 horas de la detención. Sus abogados también desconocen ante qué órgano judicial tendrán que declarar. La policía les ha asegurado que a partir de este mediodía se les informará, pero según fuentes de Interior, solo los que trataron de saltar la valla serán conducidos ante el juez Santiago Pedraz, que ya tiene una causa abierta contra los promotores de la marcha.

Desde la manifestación, tanto la Delegación del Gobierno en Madrid como Interior han asegurado que todos los detenidos irían a la Audiencia por el delito contra las instituciones, que se castiga con penas de entre seis meses y cinco años de prisión. Sin embargo, los abogados consultados por este periódico manifestaron su desconcierto ante la falta de información de la policía y afirmaron que, durante las declaraciones de ayer en comisaría, se les informó de que los delitos imputados eran los de atentado y desórdenes públicos, cuya investigación corresponde a los juzgados de Madrid.

El artículo 493 del Código Penal castiga con penas de entre tres y cinco años de cárcel a “los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos”. El 494 prevé penas de entre seis meses y un año o multa a “los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.

El atentado -acometer a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o emplear fuerza contra ellos, intimidarlos gravemente o resistirse activa y gravemente a ellos- se castiga con penas de entre dos y cuatro años de cárcel. Y los desórdenes públicos – alterar en grupo el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o sus accesos- conllevan un castigo de entre seis meses y tres años de prisión.

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