El alcalde de Ourense claudica y se despide con ataques a su partido

Ourense patas arriba. La política municipal se convirtió ayer en un polvorín desatado tras una larga semana de tensiones. Negociaciones, contranegociaciones, convocatorias de plenos, desconvotarias, llamamientos a la ciudadanía para arropar a un defenestrado (y encausado) alcalde y una enorme incertidumbre sobre la gobernabilidad de la institución, incendiaron la jornada.

El esperado anuncio de dimisión del regidor, Francisco Rodríguez, movió la tierra. Lo hacía cinco días después de salir del juzgado lucense imputado por cohecho y prevaricación, tres días después de que la dirección del partido —tras insistirle hasta la saciedad—le suspendiese de militancia y dos horas más tarde de que el concejal del BNG igualmente imputado en la Operación Pokémon —por cohecho y tráfico de influencias— Fernando Varela, presentara la suya apenas recién salido del juzgado. Los ediles del BNG, agotado el plazo que le habían dado, formalizaron la ruptura de la coalición y un Rodríguez —cada día más tocado por los detalles que trascienden del sumario— emocionado por primera vez en la convulsa semana que vivió (al mismo tiempo que los ciudadanos), compareció ante los medios de comunicación para arrojar la toalla. Se había quedado sin salida. Ya por la tarde, en una especie de homenaje popular, Rodríguez se despachó contra sus adversarios internos en el PSdeG y proclamó que se va por “presiones políticas y mediáticas falsas”.

Sus declaraciones anteriores ante los medios —que TVG transmitió en directo—no habían sido demasiado precisas, salvo en la reiteración de su inocencia. Rodríguez anunció que dimitía, pero no detalló si renunciaba al acta de concejal y, con ello, dejaba su asiento en la corporación al siguiente de la lista, Alfonso Vilachá, del sector afín al secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez. En cualquier caso, su dimisión disparó las negociaciones por cubrir la vacante. Nada fácil. La número dos de la lista, Marga Martín, ha sido denunciada ante la fiscalía ourensana por su gestión en la concesión del servicio de ayuda a domicilio y el siguiente en la lista, el edil de Seguridad y Hacienda, Agustín Fernández, fue cuestionado tras colocar a dedo a su hija en el gabinete de prensa del Ayuntamiento.

Con la Operación Pokémon aún abierta y el riesgo de que salpique aún la imagen de los concejales de gobierno, todo apuntaba ayer a que sería el veterano socialista Antonio Penín (del sector de Pachi Vázquez) quien asumiría ese puesto. El gobierno en minoría parece ser la solución. Aunque ayer tarde nacionalistas y socialistas debatían cada uno sus propias estrategias. Los dos ediles de Democracia Ourensana se mantienen firmes en su decisión de no pactar con ningún grupo y mantener su férreo control desde la oposición.

El BNG, diezmado tras la imputación y dimisión de su concejal Fernando Varela, sustituirá a éste—a partir de ahora ya en la oposición— con el número cuatro de la lista, José Somoza Medina, designado hace unos meses director general de Rehabilitación tras la renuncia a este puesto de su antecesor, Xosé Carballido Presas, que abandonó el BNG y se pasó a las filas de Compromiso por Galicia.

Con la crisis haciendo mella, los fieles al alcalde dimisionario convocaron por la tarde a la ciudadanía para arropar en la calle al imputado quien no tuvo reparos en arremeter contra el sector del partido liderado por Pachi Vázquez. “Se nota, se siente, Paco es inocente”. Entre gritos, lágrimas y vítores fue recibido el alcalde en la asamblea socialista de la ciudad. Una vez anunciada la dimisión, a Rodríguez solo le quedaba recibir abrazos de la militancia. Unas 300 personas escucharon cómo explicó su detención, encarcelamiento y puesta a disposición judicial.

Además de reiterar su inocencia, cargó duramente contra el pachismo. Entre aplausos declaró que es “víctima de un montaje para destruir el gobierno de Ourense. En política no vale la deslealtad”. Y cargó contra sus compañeros de partido al asegurar que en este momento ve “la miseria, la deslealtad y la traición”. Ninguno de los cuatro concejales alineados con Vázquez acudió a la reunión. Los recados durante su discurso también sirvieron para explicar que no se fue “corriendo”, a pesar de haber sido puesto en libertad bajo fianza hace cinco días, porque “no tenía las cosas arregladas”.

Su renuncia ha intensificado contactos entre ediles de las dos familias socialistas presentes en el salón de plenos. Un intermediario enviado por afines al alcalde ha mantenido numerosos contactos con Penín, el edil afín al secretario general mejor postulado para ocupar la alcaldía. Diversas fuentes apuntan a que algunos de los concejales próximos a Rodríguez están sopesando la posibilidad de alejarse de su jefe. Entre losfieles al regidor, José Ángel Vázquez Barquero gana puntos frente a Marga Martín o Agustín Fernández, dos ediles que son cuestionados por su propio sector del partido.

Pero la crisis tiene otros frentes. Institucionales. Ayer, a primera hora de la mañana, el intendente superior de la policía local, Abelardo Ulloa, acudía — imputado por cohecho y tráfico de influencias— a dirigir este cuerpo. Como cualquier otro día. Como todas las mañanas a lo largo de las últimas tres décadas. Apenas unas horas después de haber salido del juzgado de Lugo tras pagar una fianza de 4.000 euros.

La situación de Ulloa ni siquiera fue valorada en las primeras horas por el vapuleado gobierno local, enfrascado en buscar salidas a su propia situación. Ese precipicio al que se estaba asomando el grupo de gobierno y que fue definido a este diario por el concejal de Seguridad, Agustín Fernández, con un gráfico: “Parece que se acaba el mundo”. Fernández, que el miércoles aseguró que ayer consultaría a los servicios jurídicos, no atendió ya las llamadas de este diario, pero los expertos consultados sostienen que la decisión de que un policía imputado —en este caso el jefe del cuerpo y por supuestos delitos cometidos en una trama de corrupción— permanezca en su puesto o se le abra un expediente sancionador depende del concejal de Seguridad. La sanción consiste en la suspensión cautelar de empleo y sueldo por un periodo de seis meses durante los cuales el funcionario percibiría el 75% de las retribuciones básicas. Una vez juzgado, si resulta inocente la institución debe pagarle los atrasos y si es condenado, lo que implicaría la inhabilitación, reclamarle la parte abonada. Los juristas consultados reconocen que su permanencia en el cargo no es ilegal, aunque alertan de esta responsabilidad del responsable de la concejalía.

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