El juez de Gürtel rechaza archivar la causa de una exconsejera de Camps

El juez que investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano y las millonarias adjudicaciones de la Generalitat a la trama Gürtel entre 2005 y 2009, José Ceres, ha rechazado en un auto hecho público hoy retirar la imputación que pesa sobre Angélica Such, exconsejera de Turismo en la etapa del expresidente Francisco Camps, como presunta autora de un delito de cohecho y otro de prevaricación.

Such, que es diputada en las Cortes valencianas, había solicitado que el magistrado la dejara fuera del caso, independientemente de que el procedimiento siguiera contra el resto de imputados. Argumentaba que ella no llegó al cargo hasta 2007, que no recibió regalos del delegado de la red corrupta en Valencia y responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, y que se limitó a firmar como consejera los expedientes y contratos que le facilitaban sus subordinados.

El magistrado reproduce en el auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular, que ejercen los socialistas, que se opusieron al sobreseimiento. Entre ellos, la conversación intervenida por orden judicial el 3 de enero de 2009 en la que Álvaro Pérez le dice a su empleado Cándido Herrero que va a comprarle a Such un reloj como el que le regaló a su antecesora en el cargo y también imputada, Milagrosa Martínez, porque se porta muy bien con ellos. Un listado de regalos intervenido a Orange Market, en el que figura el nombre de Such junto a un sello de la Consejería de Turismo. Así como el hecho de que la exconsejera participó en los procedimientos para la adjudicación de la organización y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur en los años 2008 y 2009.

Such, según el relato de su abogado, firmó la orden de inicio del expediente; la aprobación del expediente; la adjudicación de los concursos a Orange Market y el contrato con la sociedad de la red de Francisco Correa dos años seguidos.

El magistrado recuerda que hay varios informes, de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que subrayan las irregularidades detectadas en las adjudicaciones de la feria Fitur, incluidas las dos ediciones que aprobó Such. En ellos se concluye que la trama condicionó los requisitos que debían cumplir las empresas que se presentaban al concurso hasta el punto de señalar que fue la propia trama quien elaboró el contenido de los pliegos administrativos, asegurándose así de ganarlo.

El juez Ceres señala en su auto que los informes de ambos organismos “atribuyen presuntas irregularidades en los expedientes de contratación o alteración, o adaptación de los criterios de adjudicación con la finalidad del otorgamiento a la misma mercantil”. Y agrega que también está siendo investigada “la presunta entrega o no de regalos u obsequios a diversos funcionarios y autoridades que tramitaron los expedientes y aprobaron la adjudicación, entre ellos presuntamente a la solicitante” del sobreseimiento de la causa.

El magistrado también señala que, al contrario de lo alegado por Such, existen diligencias pendientes o recién concluidas que pueden afectar a la exconsejera de Camps. Se trata de la declaración, ahora como imputada, de la responsable de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo, Ana Grau. De un informe ampliatorio elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado. Así como el análisis de nueva documentación intervenida por la policía este mismo año en la sede de la Consejería de Turismo, y otra documentación incorporada a la causa.

Ceres destaca finalmente, para rechazar el sobreseimiento de una imputada concreta en este momento del proceso, la complejidad de la causa: “No solo se investigan los expedientes de contratación de Fitur de 2005 a 2009, sino también los de obras menores que están directamente relacionados con aquellos, la existencia de sobrecostes y duplicidades de pagos, y ello respecto de diversas personas”, concluye el auto del juez.

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