La caída en obra pública se ceba en Navarra y Baleares

El Estado le dará el próximo año otro tijeretazo a la inversión en obra pública. Tras la reducción del 24,9% que le ha propinado en 2012, el nuevo ejercicio de austeridad supondrá un recorte adicional el 16,1% este año, en el que solo destinará a esta partida 13.030 millones de euros, según consta en el Informe Económico y Financiero que acompaña al proyecto de los Presupuestos Generales de 2013.

Solo tres comunidades autónomas se sortean la caída de la inversión de los ministerios de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente. Cantabria (159,5 millones, un 30% más), Murcia (407,5 millones, un 8,7% más) y Comunidad Valenciana (1.587,1 millones, un 0,1% más) se libran de la quema, de las que no se escaparán tampoco las comunidades que en cuestión de semanas se embarcarán en procesos electorales. Las infraestructuras de factura estatal en Galicia caerán por volumen de inversión un 23,27%, hasta los 1.309 millones de euros, mientras que en el País Vasco la reducción será mayor: un 32,8% y solo 350,3 millones de euros inversión.

La última en sumarse a la convocatoria de elecciones anticipadas, Cataluña, sufrirá un recorte del 10%, que se añadirá al 44,9% que ya sufrió el año pasado. La gran tensión política de Cataluña, que afronta los comicios tras fracasar en la demanda de su propio pacto fiscal y con el debate sobre la autodeterminación, no ha servido para que el Gobierno ofreciera más dinero para inversiones, que incluso ha vuelto a obviar la disposición adicional tercera del Estatuto aprobado en 2006, que obligaba al Estado a invertir durante siete años en la comunidad al equivalente al peso de la economía catalana en el conjunto de la española, en torno al 18,8% del Producto Interior Bruto (PIB). En cambio, los 1.262 millones de euros que lloverán este año apenas supondrán un 11,9% del total.

Navarra, que ve como se le reduce la inversión un 68% (25,3 millones de euros) y Baleares (un 45% menos: 78,7 millones) son las que sufren los recortes más fuertes de inversión. En el otro fiel de la balanza, Andalucía (1.632 millones de euros), Castilla y León (1.587 millones de euros), Galicia, Cataluña y Comunidad de Madrid (1.078 millones, con una reducción del 14%) son las cinco comunidades que mayor aportación estatal tendrán para construir infraestructuras.

Las transferencias de las comunidades autónomas por su participación de los ingresos del Estado también se verán tocados este año por las restricciones presupuestarias. La dotación que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 es de 24.421,5 millones de euros, lo cual supone una caída del 12% respecto al año anterior. El 83% de esas cantidades corresponde a transferencias que se contemplan en el sistema de financiación autonómica, que descienden el 9,5%, mientras que el resto se derivan de convenios que ha firmado el Estado con varios gobiernos autonómicos.

Las comunidades autónomas de régimen común se ven especialmente perjudicadas por el drástico descenso de la aportación del Fondo de Suficiencia Global, uno de los filtros del complejo sistema de financiación actual, que es positivo para una comunidad si sus necesidades de financiación son superiores a su capacidad tributaria, y al revés. Este año ese fondo contará con 4.472 millones de euros, el 41,8% menos que en el ejercicio anterior. Esa reducción perjudica sobre todo a Madrid y Murcia, que se quedarán sin un euro de ese fondo, mientras que Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña y Andalucía verán reducida la cantidad que perciban a más de la mitad. El proyecto justifica esa reducción en “las modificaciones de los tipos impositivos” del IVA y los impuestos especiales que “minoran” la capacidad del fondo.

Las arcas autonómicas, sin embargo, tendrán un pequeño respiro en 2013, puesto que percibirán los fondos de cooperación y competitividad que no percibieron en 2011. Los fondos de cooperación tratan de compensar a las comunidades con menos recursos tributarios para favorecer a la convergencia territorial, mientras que los de competitividad van destinados a las comunidades que realizan una mayor aportación al sistema. Esas cantidades se anticipaban por el Gobierno central, pero en 2011 la entonces vicepresidenta Elena Salgado decidió aplazar la totalidad de su pago a la liquidación presupuestaria de ese ejercicio, que se producirá en julio de 2013. El Gobierno ha consignado 6.706 millones de euros para esos conceptos. De esta cantidad, 1.808,6 millones irán a sufragar los fondos de cooperación y 2.978,5 millones irán destinados a los de competitividad. El resto se dirigirá a otros conceptos, como la liquidación de la aportación del Estado al fondo de garantía de ese mismo año, que en principio debería repartirse entre todas las comunidades.

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