La red municipal de emergencia pierde un 40% del presupuesto

Los recursos económicos que destina el Gobierno para financiar los servicios sociales que se ofrecen en los Ayuntamientos nunca han sido muchos, pero nunca se necesitaron tanto como ahora, al menos en las últimas décadas. Se contaba el año pasado con una partida de unos 50 millones de euros en cifras redondas: para 2013 se dedicarán solo 30, un recorte de un 40%.

Los servicios sociales básicos que prestan Ayuntamientos y otras corporaciones locales, el tradicionalmente llamado Plan Concertado creado en los ochenta, sirven para atender a la población más necesitada, la que ya no alcanza a pagar el recibo de la luz, el agua, a quien ha perdido la prestación por desempleo y necesita ayuda para alimentos, ropa.

Los trabajadores sociales que gestionan estas oficinas enseñan a buscar empleo, a encontrar programas de formación adecuados, reciclaje de los desempleados y les proporcionan una última red de apoyo público. Son ayudas puntuales en situaciones de emergencia, que estos años han desbordado las peticiones. Como repiten los profesionales del sector, “recortar estas ayudas es como cerrar hospitales en plena epidemia”.

Se desconoce el número actual de personas que han recurrido a estos servicios sociales, pero en los últimos años se había incrementado en un 39% hasta alcanzar a unos ocho millones de usuarios. Cabe suponer que esa cifra sea en la actualidad más abultada. Son miles las familias que se verán afectadas por el recorte de esta partida, con la que se atiende a menores en desamparo o se gestionaba la clásica ayuda a domicilio, si bien parte de ella se financia ahora desde las comunidades. Precisamente, puede ocurrir que las cuentas autonómicas, también exhaustas, no sean más generosas con estos recursos.

La saturación de estos servicios públicos ha derivado al sector solidario y caritativo parte de las demandas de usuarios que no podían atender. Así lo vienen reconociendo los propios trabajadores sociales y las organizaciones que han recibido a estas familias, desbordadas también por la avalancha y escasas de recursos, puesto que las subvenciones públicas no les están llegando como se recibían normalmente.

En este mismo capítulo de servicios sociales, hay que añadir el recorte que sufrirá en 2013 el sistema de la dependencia, que pierde, de nuevo, unos 200 millones en la partida que se destina a las comunidades autónomas para las ayudas directas a los dependientes. En momentos de grandes carencias las redes públicas de apoyo para emergencias están viéndose gravemente dañadas.

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